La Desviación de Poder

La Desviación de Poder

A veces las cosas que he vivido o visto en la administración me recuerdan aquella pequeña comedia escrita por Fernando Fernán Gómez llamada “Las grandes batallas navales”, que fue transmitida por TVE a principios de los años ochenta. Todavía recuerdo vagamente la conspiración en la que un Consejo de Ministros, entonces inverosímil, estaba implicado en la búsqueda de subterfugios basados en el interés general para la pequeña liquidación de cuentas personales.

En el ámbito del Derecho administrativo, la desviación de poder es un vicio del acto administrativo que consiste en el ejercicio por parte de un órgano de la administración pública de sus competencias o de las autoridades públicas con fines u objetivos distintos de los de asumir dichas competencias o responsabilidades, pero protegidos por la legalidad formal del acto. Esta es una de las razones de la anulación de la ley, que debe ser evaluada por el poder judicial.

El control del abuso de poder por parte de los tribunales contencioso-administrativos es ciertamente difícil, porque tratar de probarlo exhaustivamente es complicado porque obedece a los motivos, a la conducta, a la esfera interna de quienes componen el órgano que lo comete. Por esta razón, formalmente, los tribunales tienen derecho a considerar la existencia de un abuso de poder cuando el juez tiene la convicción moral de que ha habido un abuso de poder, incluso si el denunciante no ha demostrado plenamente su existencia.

Formalmente, la configuración del abuso de poder como defecto de los actos administrativos está incluida y consagrada en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en la ley que regula la jurisdicción administrativa en cuestión. Sin embargo, en realidad, la reticencia de los tribunales a aceptar su existencia dificulta y dificulta en la práctica la obtención de una resolución que anule un acto administrativo por este motivo.

En esta fase, la jurisprudencia del Tribunal de Casación considera que la institución de la desviación de poder sólo debe intervenir de manera subsidiaria para tratar los actos administrativos externos de conformidad con las normas de competencia y procedimiento e incluso con las normas de derecho sustantivo aplicadas, pero que internamente implican “una violación del sentido teleológico de la actividad administrativa realizada” (CST de 7-4-86), “una distorsión del propósito normal del acto” (CST de 11-4-89), “una falta de uso objetivo del poder administrativo, de acuerdo con el objetivo perseguido” (CST de 12-5-86), lo que requiere una “demostración de un propósito distorsionado” (CST de 9-6-86), la demostración de “perseguir un objetivo espurio” (CST 11-6-86), “un objetivo de satisfacer intereses ajenos al interés público” (CST 26-12-60), debiendo demostrar que el acto impugnado, de conformidad con la ley de seguridad, “no responde en su razonamiento interno al significado teleológico de la actividad administrativa” (CST 9-4-87), no pudiendo confundir el abuso de poder con el mayor o menor éxito del acto (TFP de 19-5-86), siendo insuficiente ante la presunción de legalidad del acto, para presentar meras conjeturas o sospechas (TFP de 9-6-86), estando también obligado a proporcionar los datos para crear en la Corte la convicción moral de su existencia (TFP de 14-4-86).

Por lo tanto, el solicitante debe demostrar, por razones específicas, que se ha perseguido un propósito ficticio para satisfacer intereses ajenos al interés público. En cierta medida, y en mi opinión erróneamente, asimilar a efectos probatorios la presunción de legalidad del acto administrativo con la presunción de inocencia propia del derecho penal. La aplicación de esta jurisprudencia se traduce, en última instancia, en el hecho de que muy pocos de los casos en los que el abuso de poder ha sido examinado por la Sala Tercera del Tribunal de Casación están permitidos. Otros defectos de procedimiento deben contribuir a que los tribunales anulen en última instancia los supuestos que constituyen un abuso de poder.

Esta tendencia, condescendiente con las administraciones públicas, a dar una interpretación restrictiva de la institución, junto con la necesidad de medios de prueba complicados que debe obtener la parte en un procedimiento contencioso-administrativo, especialmente cuando la administración utiliza técnicas obstruccionistas, hace casi imposible obtener una condena de la autoridad judicial. Todo esto significa que, en la actualidad, este medio de prohibir la arbitrariedad de las autoridades públicas no es eficaz.

Teniendo esto en cuenta, se puede decir que esta línea de jurisprudencia, aunque pudiera haber sido válida en otros tiempos, ya no cumple con los requisitos de la realidad social en la que debe ser aplicada. Los gestores públicos de Torticeros saben esto y cómo comportarse con impunidad dando una apariencia.

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